{{A. Las afiliadas a la FSESP, reunidas en Bruselas, del 8 al 11 de junio de 2009, con motivo del octavo Congreso de la FSESP, aseveran que:}}
1. El sector público es un componente activo y esencial del modelo social europeo, al contribuir a la cohesión social y el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE. Las razones son varias:
-* los servicios públicos de calidad son fundamentales para todos los sectores de la sociedad: los ciudadanos, los trabajadores y las empresas, sin olvidar a los colectivos vulnerables, como son los inmigrantes y las personas menos favorecidas;
-* los servicios públicos fomentan los valores comunes de solidaridad, igualdad de género y no discriminación, así como la competitividad, el desarrollo económico sostenible y la cohesión social y territorial;
-* son, junto con un sector público con capacidad de respuesta, una pieza clave en la resolución de los grandes retos planteados por el cambio demográfico y el calentamiento del planeta.
2. El desarrollo de servicios públicos de calidad es una necesidad en el área de la FSESP. Las autoridades públicas, de cualquier nivel, deben asumir la responsabilidad de la financiación, organización y prestación de unos servicios públicos solidarios, atendiendo a los principios y valores compartidos de igualdad de acceso, universalidad, continuidad, adaptabilidad, accesibilidad económica, proximidad, concertación social y control democrático.
3. Es necesario que en la agenda positiva europea se contrarreste la comercialización de los servicios públicos, tanto dentro como fuera de Europa. La FSESP seguirá oponiéndose a la privatización, la externalización y las diversas formas de comercialización del sector público, entre ellas la colaboración público-privada (CPP), por su impacto negativo en la calidad del servicio para los ciudadanos y los trabajadores. No podemos aceptar cambios en las modalidades de prestación de los servicios públicos que cercenen la solidaridad social y el acceso universal a dichos servicios. La agenda debe, asimismo, evitar el desarrollo, en la UE, de la liberalización sectorial, en particular en los servicios sociosanitarios y el área del agua.
4. El sector público necesita apoyarse en una plantilla suficiente, formada, de alta dedicación y bien remunerada. Para ello, es preciso garantizar una gestión transparente y el ejercicio de los derechos sindicales de información, consulta y negociación. También se exigen medidas de apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral, y de eliminación de todas las modalidades de empleo precario y volátil en los sectores público y privado.
{{B. Los delegados reunidos en el octavo Congreso exhortan a la FSESP y sus afiliadas a:}}
5. Continuar reclamando el establecimiento de disposiciones jurídicas horizontales a nivel europeo y exigir la adopción de un programa de acción comunitario para la prestación de servicios públicos de calidad basado en el Protocolo sobre servicios públicos suscrito en 2008 entre los 27 Estados miembros de la UE. El programa debe constar de una serie de objetivos concretos para mejorar el servicio público en diversos niveles, atendiendo a los valores y principios de financiación solidaria, normas y criterios de calidad, participación de trabajadores y ciudadanos, y evaluación, propios del servicio público. Conviene extender el programa a los países incluidos en la Política Europea de Vecindad (PEV) y tenerlo en cuenta en los acuerdos de cooperación económica (ACE). Es necesario dotarlo de instrumentos de control y apoyo que animen las autoridades públicas a desarrollar unos servicios públicos solidarios.
6. Exigir la regulación o concertación mediante convenios de determinados aspectos del servicio público, con el fin, por ejemplo, de:
-* ampliar la definición de lo que la jurisprudencia entiende por prestación interna de servicios públicos;
-* estimular la colaboración público-pública (intermunicipal, por ejemplo);
-* abrir espacio para la incorporación de criterios sociales -incluidos los convenios colectivos- y medioambientales en los contratos públicos;
-* atacar la corrupción y apuntalar la gobernanza, la transparencia, el control democrático y la participación de los trabajadores, sus representantes y los usuarios en la organización, prestación y evaluación de servicios públicos de calidad;
-* asegurar la aplicación de los criterios de interés general a la Administración electrónica;
-* apuntalar la responsabilidad de las autoridades públicas en el mantenimiento de los derechos fundamentales, tales como el derecho a unos servicios universales de atención infantil de calidad;
-* mejorar la calidad del trabajo, por ejemplo a través del aprendizaje a lo largo de toda la vida y el desarrollo de competencias, medidas de apoyo a la igualdad de género y la igualdad de oportunidades para todos;
-* establecer indicadores de productividad que tengan en cuenta la calidad además de los resultados económicos.
7. Es necesario integrar los principios y valores de servicio público en todas las políticas y actuaciones de la Unión Europea. Es imprescindible evaluar todas las estrategias de la UE por su contribución al desarrollo de servicios públicos de calidad, desde la política macroeconómica hasta los Fondos estructurales, pasando por la política exterior (PEV, diálogo UE-Rusia, Plan de estabilidad de los Balcanes, los ACE, o Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios).
8. Exigir un gasto público suficiente en servicios públicos y sector público —no como coste, sino como inversión— a través del mantenimiento y desarrollo de sistemas solidarios de financiación. La FSESP debe trabajar en diversos aspectos de la financiación de los servicios públicos, tales como la fiscalidad, la transparencia y la distribución justa de la riqueza.
9. Hacer todo lo posible para garantizar la protección de los inmigrantes, incluidos los indocumentados, contra la explotación y asegurar la accesibilidad de los servicios necesarios.
10. Mantener la asignación de recursos para las acciones de investigación, formación, intercambio de información, sensibilización, formación de alianzas con organizaciones de la sociedad civil y campaña en la lucha por una mayor dotación de servicios públicos de calidad y contra diversas formas de comercialización, entre ellas la CPP.
11. Definir una estrategia coordinada diseñada para asegurar que el sector sin ánimo de lucro (organizaciones benéficas, cooperativas y empresas sociales) complementa —sin sustituirlo— el sector público, y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas privadas que realizan la prestación de servicios públicos.
12. Incorporar en el trabajo sectorial de la FSESP y el diálogo social la dimensión de calidad del servicio público. La FSESP buscará reforzar la estructuración de la colaboración con las federaciones sindicales europeas pertinentes en todo lo relativo a los servicios públicos, para promover, entre otras cosas, unas posiciones comunes en materia de contratos públicos y concesiones.
{Aprobado por el Congreso el 10 de junio de 2009}
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